El agua es vida y en Chile se encuentra en un estado crítico por la sequía y el saqueo, por eso, vale la pena reflexionar sobre algunos elementos indispensables para la protección efectiva de los cuerpos de agua en Chile. No es necesario resaltar el papel del agua en las actividades cotidianas que nos sostienen día a día, ni resulta novedoso destacar su papel en el desarrollo de actividades productivas a distintas escalas. Lo que sí ha sido un avance en la discusión nacional es recordar un elemento básico y clave: para cuidar el agua, debemos gestionar el territorio donde se encuentra.
En 2022, a través de reformas al Código de Aguas y la Ley Marco de Cambio Climático, se crearon los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos en cuencas, instrumentos orientados a apoyar la planificación de la gestión hídrica en Chile desde un enfoque territorial, fortaleciendo la adaptación y resiliencia de las comunidades y los ecosistemas frente a los desafíos hídricos que enfrentamos como país.
Chile cuenta con 101 cuencas hidrográficas que requieren planificación obligatoria. Las iniciativas de gobernanza impulsadas en distintas administraciones han establecido 20 cuencas piloto con comités estratégicos. Sin embargo, solo dos procesos han concluido —en las cuencas del Huasco y Maullín— mientras 81 cuencas restantes aguardan su implementación en medio de escenarios climáticos cada vez más urgentes.
Estos planes emergieron de más de doce años de deliberación política que documentaron ampliamente las dificultades de acceso al agua y el deterioro en la calidad del recurso que afectan a las comunidades rurales y urbanas del país. La evidencia acumulada sobre la megasequía que afecta la zona central, la sobreexplotación de acuíferos y la degradación de humedales hace que la implementación de estos planes sea una necesidad impostergable.
El rol del servicio público en materia de gestión hídrica no es una cuestión meramente ideológica, sino un sistema cuyo propósito es mejorar la calidad de vida de las personas en sus territorios. La planificación a nivel de cuencas implica reconocer que el agua no puede seguir gestionándose solo como un bien económico transable, sino como un bien común territorial cuya protección requiere instituciones sólidas, participación ciudadana y visión de largo plazo.
Para avanzar efectivamente en esta dirección, es fundamental acelerar la implementación de los planes estratégicos pendientes, garantizar la participación de las comunidades locales —especialmente de las comunidades indígenas y los pequeños agricultores—, y dotar a los organismos competentes de los recursos técnicos y humanos necesarios. El agua no espera: los territorios donde se encuentra tampoco.
Este artículo fue publicado originalmente en El Desconcierto el 28 de marzo de 2026, y se republica aquí con el primer párrafo actualizado por el autor.