La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a decidir qué producen, cómo producen y cómo se alimentan con alimentos nutritivos, culturalmente apropiados y producidos de forma sostenible. Este concepto, promovido por movimientos campesinos internacionales, se diferencia fundamentalmente de la seguridad alimentaria tal como la define la FAO, que solo enfatiza la disponibilidad de alimentos sin considerar los métodos ni los orígenes de la producción. Las importaciones baratas debilitan la agricultura local y despojan a las comunidades rurales de su capacidad productiva.
El modelo agrícola de Chile, orientado hacia la exportación, prioriza los mercados internacionales por sobre las necesidades domésticas. Esto ha generado una dependencia creciente de importaciones básicas como legumbres, aceites y fertilizantes, debilitando la agricultura local y despoblando los territorios rurales. La competencia desleal con la producción industrial nacional y transnacional empuja a los pequeños agricultores fuera del mercado.
Entre los desafíos estructurales que impiden avanzar hacia la soberanía alimentaria destacan la concentración de la tierra, el escaso apoyo a la agricultura familiar campesina, la privatización de los recursos naturales —especialmente el agua— y la ausencia de políticas de desarrollo rural integrales. Esta realidad no es fruto del azar: es el resultado de décadas de políticas que privilegiaron el libre mercado por sobre la seguridad de las comunidades.
Para el mundo campesino, la soberanía alimentaria significa supervivencia: acceso a precios justos, recursos productivos propios y protección frente a la competencia desleal. Para la ciudadanía en general, representa alimentos más frescos y nutritivos, menor dependencia de importaciones, mayor resiliencia frente al cambio climático y la preservación de las tradiciones alimentarias que constituyen parte de la identidad cultural de los territorios.
Alcanzar la soberanía alimentaria en Chile requiere una reforma integral de la política agraria, protección efectiva del agua como bien común, promoción de la agroecología y la agricultura regenerativa, y un apoyo genuino y sostenido a la agricultura familiar. Este cambio no representa únicamente una expansión de la producción, sino la garantía de una alimentación digna, el fortalecimiento de las economías locales y la revalorización de las identidades territoriales. Es, en definitiva, una deuda pendiente del Estado con el mundo campesino.
Este artículo fue publicado originalmente en Curacaví Digital el 16 de abril de 2026, bajo la categoría "Blog de Opinión".